Recibo una
llamada desde el Obispado. Mi Prelado quiere entrevistarse conmigo. En su
despacho me hace entrega de un escrito de solidaridad que le han hecho llegar y
que contiene más de setecientas firmas. Me habla del orgullo que debo sentir por
el apoyo que estoy recibiendo. Aprovecha la ocasión para sacar a colación el
tema de la minuta del abogado. Un millón quinientas mil pesetas. Hay que hacer
entrega inmediata de la mitad de ese dinero como fondo de provisión. Me dice
que el Administrador diocesano lo hará y que ya se lo iré pagando.
El domingo
quince de abril en mi móvil quedan registradas dos llamadas perdidas. Son de
uno de los jóvenes que me ha denunciado. ¿Qué desea decirme? ¿Por qué me
telefonea si tengo prohibida la comunicación con los denunciantes y sus
familias? ¿Por qué este repentino interés en hablar conmigo ahora y no antes?
Telefoneo a mi abogado y me confirma que he hecho bien al no responder.
El tiempo
va pasando y mi ánimo es muy voluble. Estoy en tratamiento médico desde que comenzó esta pesadilla y los
ansiolíticos y antidepresivos que tengo que ingerir cambian mi talante. En ocasiones
me encuentro confortado y, en otras, abatido.
Amigos, profesores,
alumnos, ex feligreses y feligreses, sacerdotes…vienen a visitarme y me invitan
a salir con ellos para distraerme. Entre ellos, incluso, algunos familiares de
alguno de los denunciantes. No puedo dejar de insistir en que todas esas
visitas suponen una fuente de estímulo y de esperanza en las circunstancias que
estoy viviendo. Muy especialmente las visitas de los más jóvenes. Quienes han sido monaguillos,
alumnos, miembros de grupos de catequesis y catequistas… me manifiestan
abiertamente su afecto y adhesión. Unas veces me acompañan al cine, a cenar, a
dar algún paseo por la ciudad. Otras, simplemente, en el salón de casa, me
entretienen con sus divertidas conversaciones. En alguna ocasión llegan a
juntarse hasta quince y, mi madre, acaba telefoneando a una de esas empresas
repartidoras de pizzas a domicilio, para que cenemos todos.
En el mes
de junio soy invitado, junto con mis padres, a una boda en una de las
parroquias en las que he llevado a cabo mi labor pastoral. El abogado me dice que no hay inconveniente
alguno en que acuda y que presida la celebración. El Obispo, sin embargo, me recomienda que vaya
al banquete pero no a la ceremonia religiosa. Un clamoroso aplauso me recibe al
entrar al restaurante. Es un día de feliz reencuentro con algunos de mis
feligreses que me ayuda a recuperar autoestima.
Será el 16
de julio cuando un nuevo Auto Judicial acotará más mi libertad: “la acusación particular considera
insuficiente la medida que ahora está vigente y considera que además de ponerse
en peligro la investigación que se está llevando a cabo no es bastante para
proteger a las víctimas… que el imputado acude con frecuencia a las parroquias,
dejándose ver en establecimientos públicos y paseándose por dichos lugares”
Y continúa alegando que “tal
comportamiento afecta psicológicamente tanto a los menores como a sus familias,
que no cesan de recibir insultos y sufrir comentarios de todo tipo por parte de
los grupos de apoyo. Aporta a título de ejemplo una nota o anónimo…”
¿Increíble?
Pues así de cierto. La Magistrado-Juez dispone, ante tales fundamentos
jurídicos, extender la medida cautelar a la prohibición de acudir a las
parroquias en tanto en cuanto dura la presente investigación.
Es imposible
que alguien haya podido verme paseándome por las parroquias ya que resido en el
domicilio familiar que mis padres tienen en Vigo y no he acudido allí desde que
ha comenzado toda esta situación. Solamente, en junio, asistía a esa boda y,
sí, claro, me dejaba ver en ese restaurante. Curiosamente en el Auto que ahora
me impone una nueva prohibición se menciona el nombre de otro en el que no he
estado.
¿Qué
peligro corre una investigación en la que no existe prueba alguna? ¿A qué se
refiere el Auto al hablar de insultos y comentarios por parte de los grupos de
apoyo? Los comentarios que han existido son los que se publicaron en prensa y,
por lo que me han contado, los insultos procedían de otros sectores e iban
dirigidos precisamente a quienes me
mostraban su apoyo. ¿Puede una nota o anónimo ser el único ejemplo que se
aporte por la acusación particular para ampliar la medida cautelar?
Sistema judicial de dime y diretes. Vivimos en un país de pandereta disfrazado de primer mundo. Cuanto nos queda por crecer.
ResponderEliminarSanzu
Pues sí, la verdad, porque esto es sólo el principio
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